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Según recientes declaraciones de fuentes del Gobierno, el Ministerio de Sanidad podría estar estudiando ofrecer compensaciones fiscales para aquellos hosteleros que debieron acondicionar sus establecimientos en cumplimiento de la Ley antitabaco, aprobada en el año 2005, obras que ahora, con la futura aprobación de la nueva Ley, serían innecesarias a todos los efectos.
Para la Sectorial de Hostelería de UPTA España, la medida entra dentro de la filosofía de nuestras reivindicaciones, “aunque creemos que serían más efectivas líneas de subvención directas contra presentación de factura, ya que el desembolso que se hizo en su día para pagar las obras fue en cash y algunos incluso siguen pagando intereses de los préstamos solicitados a tal fin”, comenta Armando López, responsable estatal de la Sectorial de Hostelería de UPTA España.
Tras conocer la intención del Grupo Parlamentario Socialista de recrudecer la Ley, UPTA España presentó una serie de propuestas, encaminadas a que ningún hostelero, grande o pequeño, saliera perjudicado económicamente por la iniciativa, admitiendo en cualquier caso que, por motivos de salud pública y de los trabajadores de los establecimientos, UPTA España no se opondría frontalmente a la nueva Ley, aunque sí ha presentado enmiendas a los grupos parlamentarios que tramitarán la Ley.
“Si la pérdida económica por la inversión realizada en los establecimientos de más de 100 metros cuadrados es un hecho real, no lo es menos para aquellos establecimientos pequeños cuya clientela mayoritaria son usuarios que fuman. En ese sentido, UPTA ha planteado el establecimiento de un coeficiente reductor específico de los módulos de IRPF para los establecimientos de menos de 100 metros cuadrados en los que hasta ahora se permitía fumar y una moratoria de dos años de aplicación de la ley para aquellos que realizaron obras de adaptación, además de líneas directas de subvención para paliar las inversiones no amortizadas”, comenta el secretario ejecutivo de Política Sectorial de UPTA España, César García.
Según García, que el Gobierno haya optado por la línea de permitir vender en estos establecimientos, aunque esté prohibido consumir, es una decisión positiva “ya que rebajará de alguna forma el nivel de pérdidas en la facturación. Sin embargo, queda una tarea pendiente y es la liberalización de la compra del tabaco directamente al distribuidor sin la obligatoriedad de hacerlo a través de los estancos. Si se atendiera al espíritu de la Ley Ómnibus de liberalización de servicios, la compra directa al distribuidor supondría una mejora en el porcentaje de beneficio, estipulado ahora en 15 céntimos de euro, cueste lo que cueste la cajetilla de tabaco, y que permitiría, sin encarecer la venta al público, paliar las pérdidas económicas de los hosteleros y vendedores de prensa”.
Pero para García quedan más flecos sueltos, “como la interpretación que hace el Comisionado para el Tabaco sobre los establecimientos específicos de venta de prensa, que nuevamente pueden vender gracias a la incorporación de nuestra enmienda en la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, y a los que, sistemáticamente se están negando las licencias, a pesar de que muchos de ellos las tenían concedidas previamente al año 2005”.
Fuente: UPTA España
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